La iniciativa
parlamentaria que plantea reformar la ley del Tribunal Constitucional para
castigar con multas, en vez de con la suspensión del cargo, la desobediencia de
los cargos públicos frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional
provocará que infracciones como tirar
petardos, no recoger los excrementos de los perros, poner la música demasiado
alta o fumar porros se castiguen
con sanciones más elevadas que la negativa a cumplir los dictámenes del TC.
La propuesta lanzada por
el PNV propone eliminar los artículos de la ley del tribunal de garantías en
las que se confería carácter ejecutivo a sus sentencias y que permiten actuar contra las autoridades
y funcionarios que las incumplan con
un catálogo de medidas que van desde la suspensión hasta sanciones de 30.000
euros.
La formación vasca, que
cuenta con el apoyo del PSOE, apuesta
por reducir esta cantidad hasta un máximo de 3.000 euros, una cantidad menor
que muchas sanciones administrativas como las citadas.
En el caso de las
deposiciones de los perros, las multas por dejarlas en la vía pública varían
significativamente en función de la ciudad. A la cabeza se encuentra Las Palmas
de Gran Canaria donde un comportamiento muy grave y reincidente puede llegar a
cartigarse con hasta 15.000 euros, cinco veces más que el máximo fijado en la
iniciativa parlamentaria por no atender los fallos del Constitucional.
El ruido de los petardos,
tradicional en las fiestas navideñas en muchos lugares de España y que suele
acompañar a los fuegos artificiales, sobre todo en Año Nuevo, también puede
implicar el pago de cantidades que superan al incumplimiento
de resoluciones judiciales. En concreto, el Ayuntamiento de Málaga baraja
elevar las sanciones hasta los 6.000 euros en caso de que su uso provoque daños
a la salud. En Córdoba se ha querido luchar con estos cohetes con multas que
han llegado a alcanzar los 30.000 euros para aquellos que los vendan sin
licencia.
Poner música muy alta en un domicilio
particular o en un local que no
cuente con la debida insonorización también
resultaría más caro que no acatar las órdenes del Constitucional. Por ejemplo,
en una sentencia dictada el pasado julio, un Juzgado de Huelva condenó a un
vecino de Aljaraque a pagar más de 8.000 euros a los vecinos a los que obligaba
a soportar música a elevado volumen durante la noche